EL CAPITOLIO (CyberNews) - El presidente de la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Asuntos del Veterano del Senado, Miguel Pereira, insistió el martes, en la necesidad de establecer si el funcionamiento del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) es realmente costo efectivo para el gobierno, sobre todo en momentos de aguda estrechez económica.
“El propósito es establecer dónde es más eficiente que participen todos estos agentes, si haciendo sus funciones como parte de la Policía o continuando con la actual estructura. Pero la verdad del asunto, para mí, es que los números requieren atención. Cuando tú me dices a mí que yo tengo 45 agentes radicando 12 casos al año, 26 casos al año, 8 casos al año, yo creo que me compete a mi preguntar públicamente cuál es el mejor y más eficiente uso de los recursos”, comentó Pereira en un comunicado de prensa.
No obstante, portavoces del NIE que fueron citados a la audiencia expresaron su rechazo al proyecto al que catalogaron de engañoso, al tiempo que indicaron que se pretendía llevar a cabo un traslado de personal sin que mediara un estudio de cantidad, calidad y resultado de las investigaciones. En tal sentido, Pereira les interrogó sobre algunas estadísticas que fueron cuestionadas por la representación de los agentes.
Sostuvo que el Proyecto 1343 establece que los agentes del NIE adscritos a las divisiones de Capacitación y Apoyo Técnico, Investigaciones Contra el Crimen Organizado, INTERPOL y la de Coordinación, Enlace y Seguridad, pasarán a las filas de la Policía de Puerto Rico, mientras que permanecerán adscritas al Departamento de Justicia la División de Investigaciones de Integridad Pública y la División de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos.
Durante la audiencia, el secretario de Justicia, César Miranda, además de avalar la medida, hizo énfasis en que el traslado de empleados entre agencias para atender necesidades de servicio “no es ajeno a nuestro ordenamiento legal”.
Miranda insistió en que la iniciativa propuesta es cónsona con la política pública de esta administración, en virtud de que “el personal gubernamental se ubique donde mejor y más eficientemente pueda contribuir al servicio público”. Asimismo, advirtió que existe redundancia entre mucha de las funciones que llevan a cabo los agentes del NIE y los efectivos de la uniformada.
Pereira dijo que la Policía de Puerto Rico se mostró a favor de la pieza legislativa, toda vez que los agentes del NIE que sean trasladados a esa dependencia sean adiestrados o readiestrados, a fin de dar cumplimiento a lo que determine la norma del cuerpo, lo que no excluye que deban tomar cursos en la Academia de la Policía.
De igual forma, solicitó que se extendiera de 90 a 180 días laborables el período en el que la Policía y la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALRH) deben concretar la transferencia del personal.
No obstante, se advirtió sobre asuntos que, aunque son solventables, requerirán de atención particular.
La OCALARH hizo referencia a que ambas agencias tienen sistemas de clasificación de personal diferentes, ya que la Policía tiene una estructura de rangos y el NIE una de clasificación de puesto, por lo que es fundamental determinar equivalencias entre las dos modalidades.
La Oficina de Gerencia y Presupuesto dijo en tanto, que debido a que de la misma forma en que se estimaba el traspaso del personal se realizaría el traspaso de fondos operacionales, el proyecto tendría un efecto nulo en lo que al impacto sobre el fondo general se refiere. Sin embargo, levantó bandera sobre la posibilidad de que se genere un desbalance en el presupuesto de la policía si se trasladan las deudas del NIE a la uniformada.
Ante la imposibilidad de solventar las discrepancias arrojada por los números, Pereira dio plazo de una semana para que se presentaran con números certeros sobre la gestión del NIE. La próxima vista quedó citada para el próximo martes 9 de junio a la 1:30.
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