SAN JUAN (CyberNews) - En una demostración de unión, líderes sindicales, empleados, y personal administrativo de la Comisión Industrial de Puerto Rico protestaron la mañana del lunes para que se mantenga abierta esta importante dependencia.
El presidente del organismo, Basilio Torres detalló que la protesta es en contra del Proyecto de la Cámara 2498, que elimina la Comisión que sirve como el último foro administrativo que tiene los trabajadores lesionados en su búsqueda de compensación, para crear el Negociado de Salas Revisoras, bajo la sombrilla del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).
“Esto parece ser el cuento de nunca acabar. El año pasado, para este mismo tiempo, la Legislatura pasó juicio sobre otra medida, el Proyecto de la Cámara 1894, la cual buscaba eliminar al Comisión por, alegadamente, razones fiscales. Luego de un riguroso proceso evaluativo, la Comisión de Gobierno concluyó que no existía ningún ahorro. Ahora vuelven a lo mismo. Vamos a luchar por los derechos de los trabajadores a tener un foro independiente en donde llevar sus reclamos de justica, tal como hicimos en el 2014”, manifestó Torres en un comunicado de prensa.
Las expresiones de Torres se realizan a un día de que la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, presidida por el representante del Partido Popular Democrático (PPD), José ‘Conny’ Varela, realizara una vista pública sobre la medida.
“Esta medida lacera, irreversiblemente, el sistema de compensaciones por accidentes en el trabajo, atentando así contra la salud, el bienestar y la seguridad de miles de trabajadores que sufren lesiones o accidentes en sus trabajos. Quiero recordar que la Comisan es un foro cuasi-judicial, y el proyecto aquí presentado lo que busca es ‘cargar los dados’ a favor del Estado en cualquier decisión que se realice sobre una apelación por beneficios. Con este proyecto, la persona que deniega el beneficio en primera parte, el presidente de la Corporación del Fondo del Seguro del estado (CFSE), es la misma que estará a cargo del proceso de apelación. Eso no es justo, no es moral y se debe combatir”, añadió el presidente.
Torres, además, levantó la voz de alerta en torno a la seguridad que tendrán los 239 empleados unionados y gerenciales de la Comisión ya que la medida elimina el derechos de los empleados a organizarse bajo el amparo de la Ley 130-1945. El proyecto también autoriza el traslado de los empleados de la dependencia a otras agencias, movida que pude ser utilizada como instrumento de presión para despedir trabajadores.
Por último, el funcionario recordó que la Comisión no es una carga para el Fondo General, pues no recibe un solo centavo del mismo. Su presupuesto anual se comprende el 4 por ciento de las primas que los patronos pagan a la CFSE.
“Esta es una Comisión que si trabaja y ahí está el record, sobre 60 mil casos resueltos en un año. Esta es una agencia que lleva 80 años operando adecuadamente y Alejandro García Padilla es el único gobernador en ocho décadas que entiende que no funciona”, concluyó Torres.
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