En diferentes lugares del mundo se encuentran sitios o localidades fascinantes, pero granjas para cultivar difuntos, es algo que raya en lo sorprendente e interesante, las granjas a las que nos referimos se encuentran en diferentes partes del territorio estadounidense. Más conocidas como “Boby farms”; en ellas se llevan a cabo procedimientos forenses referidos a los procesos de descomposición del cuerpo humano.
Los cuerpos se encuentran a lo largo de terrenos agrícolas, se dispersan en diversos espacios para saber cómo se comportan los cuerpos después de su muerte, estas investigaciones las llevan a acabo los diferentes cuerpos de antropología forense de varias instituciones. Los cadáveres se ponen en diferentes posiciones, y en contacto con diversos objetos tales como: vehículos, casas, cabañas o en diferentes ambientes como lodo, desiertos, lagos, entre otros. Estas interacciones permiten ver como los cuerpos se deterioran y que factores intervienen.
Además de esto, estas investigaciones con los cuerpos, han permitido cerrar casos criminales y atrapar a los delincuentes, es de notar que algunos de los cuerpos allí utilizados provienen de las oficinas forenses que no han sido identificados y tampoco reclamados por los familiares, sin embargo la mayoría provienen de la donación para estudios científicos que se hacen anticipadamente. Muchos habitantes cercanos a las granjas les parece algo sombrío, no obstante cada vez se ve más interés por estos lugares en diferentes partes del mundo.
Estas locaciones están aisladas para todo público, en vista de que pueden ser contaminadas, además de ser objeto del morbo de las personas que inventan historias sobre lo que sucede al interior de las granjas de cadáveres. Cada día la ciencia busca la forma para llevarles un paso de delantera a los delincuentes que comente crímenes atroces.
“Las medidas que pretende imponer el gobierno de García Padilla en la educación pública son peligrosas y atentan contra el futuro de los estudiantes y del magisterio puertorriqueño” así lo interpreta el Partido del Pueblo Trabajador en Ponce.
Explicó Eduardo Cruz Vélez, Coordinador Regional del PPT que “las supuestas reformas que impulsa el PPD desde gobierno van encaminadas a destruir y desprestigiar la educación pública para ponérsela en bandeja de plata a las empresas que se lucran del presupuesto del Departamento de Educación”
Según el dirigente del PPT “el cambio de nombre y de collar a las desprestigiadas “pruebas puertorriqueñas” llamándolas METAS PR no mejoran en nada el sistema público de enseñanza”
Cruz Vélez puntualizó que: 1. Las pruebas discriminan contra los estudiantes de educación especial, 2. Atenta contra el aprovechamiento de los estudiantes y penaliza tanto a estudiantes como al magisterio por las deficiencias del sistema público, 3. Fomentará la deserción escolar y 4. Abrirá el camino para justificar la privatización de la educación pública”.
El Coordinador Regional del PPT en Ponce anunció que la organización llevará a cabo un Conversatorio con la dirigente magisterial Eva Ayala Reyes, presidenta de la organización EDUCAMOS, donde tratarán estos y otros temas que afectan a toda la comunidad escolar puertorriqueña.
Cruz Vélez anunció que la actividad se realizará este viernes 31 de julio a partir de las 7:00 de la noche en la Casa del Pueblo Trabajador, en la Ave. Las Américas frente a la Farmacia Walgreens en Ponce. Al finalizar el conversatorio habrá un compartir entre los asistentes.
La policía investiga un incendio ocurrido en un terreno en la Carr. 504 k.m 2.2 sector Rio Chiquito en Ponce.
El incendio consumió un corral el cual estaba construido en madera y zinc, donde se encontraban 3 equinos los cuales murieron calcinados.
Bomberos de la estación Ponce centro, llegaron al lugar extinguiendo el incendio.
El Agte. Ríos Blay del precinto Rambla, entrevistó al Sr. Pedro Martinez Torres dueño de los equinos y continúa con la investigación de este incidente.
A medida que nuestros mares siguen aumentando, algunas ciudades, como Miami, están planeando gastar miles de millones en la modernización de la infraestructura. Pero algunos científicos dicen que el aumento del nivel del mar conducirá a otro fenómeno en el sur de la Florida, y los líderes locales deben empezar a prepararse para eso ahora.
Se espera que la región que es el hogar de miles de viviendas de alto precio acurrucado contra el agua a ser amenazado directamente por el aumento de los mares en las próximas décadas, y cuando la dura realidad se establece, un éxodo masivo podría comenzar. Esa es la advertencia que algunos científicos están dando a las autoridades, informó el Globe and Mail.
En resumen, no hay manera de salvar el sur de Florida, y los legisladores deben empezar a prepararse para millones se muevan hacia el norte.
He aquí por qué los investigadores se han centrado en el sur de la Florida. Más de 2,4 millones de personas viven dentro de 4 pies de la línea de alta marea locales, y de acuerdo con Climate Central, el riesgo de inundación oleada de la tormenta serán mucho mayores en 2030. Eso está bien dentro del marco de tiempo de muchas hipotecas a 30 años actualmente en lugar, Clima central señala.
"Este no es un problema futuro. Es un problema actual", Leonard Berry, director del Centro de la Florida para Estudios Ambientales de la Universidad de Florida Atlantic, dijo a PBS.
Ahora, los científicos deben convencer a los políticos de que este problema está llegando antes de lo que se pensaba, y en su defecto para desarrollar una solución podría crear el caos en el Estado del Sol cuando millones maletas y buscar un lugar donde vivir.
"Tarde o temprano, esta ciudad, como lo ve ahora, no va a ser así," Henry Briceño, un investigador de la calidad del agua en la Universidad Internacional de la Florida, dijo el Globe and Mail. "Miami y todo el sur de la Florida no va a ser así más. Así que tenemos que desarrollar una manera de planificar y suministro de servicios en un escenario cambiante, y eso no es fácil. Y luego, tarde o temprano, vamos a tiene que mover. La mayor parte de la población tendrá que mover ".
Leones de Ponce se apuntaron su segundo campeonato consecutivo al derrotar esta noche a los Capitanes de Arecibo con marcador de 70-67, en el sexto partido de la serie final Chrysler del Baloncesto Superior Nacional anteun abarrotado Auditorio Juan "Pachín" Vicéns.
Ponce, que consiguió su campeonato 14 en la historia de la franquicia, además, empató junto a los Vaqueros de Bayamón y los Atléticos de San Germán con la mayor cantidad de campeonatos
Los Leones vinieron decididos desde el saque para conseguir el ’back to back’. Sin embargo, el camino no fue fácil, tras dominar los primeros 30 minutos, 55-53, Arecibo vino de atrás con una gran reacción al inicio del cuarto parcial.
Actualmente sólo 3 pediatras en Puerto Rico han sido reconocidos como miembros de este grupo de prestigio internacional
Ponce, Puerto Rico---La Dra. Luisa Alvarado, Directora de Educación Médica Graduada del Hospital Episcopal San Lucas Ponce, ha recibido el distinguido honor de ser invitada por la Asociación Americana de Pediatría y la Sociedad para la Investigación en Pediatría a ser miembro activo de su prestigioso equipo. Solamente 3 doctores Puertorriqueños han sido seleccionados para ser parte de este renombrado grupo de profesionales que trasciende al ámbito internacional.
Las contribuciones de la Doctora Alvarado dentro de los campos de Pediatría, Docencia e Investigación en Puerto Rico, le han merecido tan distinguido honor. La organización nacional, cuyo objetivo es el de impulsar el desarrollo de la Pediatría Académica, selecciona a sus miembros entre los pediatras e investigadores más destacados de la profesión a través de todos los Estados Unidos, cultivando así la excelencia y la diversidad, a la vez que desarrolla líderes intercesores por la niñez en los campos de investigación, servicio y educación.
Sanjuanera de nacimiento y Aiboniteña de corazón, la Dra. Alvarado posee una impresionante trayectoria al servicio de la comunidad médica en Puerto Rico, especialmente, a través de sus contribuciones comunitarias a beneficio de los niños. Graduada Magna Cum Laude con un doctorado en Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, continuó su entrenamiento en Pediatría en la ciudad de Boston y estudios post graduados en la Universidad de Michigan y en el Harvard-Macy Institute de la Escuela de Medicina de Harvard.
“Haber sido seleccionada para ser miembro de este distinguido grupo es un gran honor que acepto con humildad. Mi norte siempre ha sido dar lo mejor de mí ante cualquier reto, y los equipos de trabajo con los que he tenido el privilegio de laborar han sido clave en el trabajo que he realizado.” indicó la Doctora.
Por su parte, el Sr. Julio Colón, Principal Oficial Ejecutivo del Sistema de Salud Episcopal San Lucas, expresó que “La Doctora Alvarado es un valioso y apreciado miembro de nuestro equipo de trabajo y esta distinción que ha recibido habla volúmenes de su calidad como profesional y su calidad humana, de la cual todos los que trabajamos junto a ella podemos dar fe. Nuestra familia del Sistema de Salud Episcopal San Lucas, se enorgullece y le extiende a la Dra. Alvarado, nuestras más cálidas felicitaciones y aprecio por tan merecido reconocimiento.”
Entre las contribuciones más valiosas de la Dra. Alvarado cabe destacar su participación clave en el desarrollo e implementación de los programas de nivel graduado en Psicología Clínica y Salud Publica de la Escuela de Medicina de Ponce.
El Lcdo. Pedro Baréz, Administrador del Hospital Episcopal San Lucas Ponce, señaló que “Para mí es un honor contar con la Dra. Alvarado entre nuestros facultativos. Entre sus ejecutorias me honra mencionar específicamente la implementación, en conjunto con el CDC, de un novedoso programa de investigación localizado en nuestras facilidades, dedicado al estudio del dengue y otras enfermedades febriles agudas. La dedicación y el esfuerzo siempre han sido características sobresalientes en la Dra. Alvarado”.
El Sistema de Salud Episcopal San Lucas opera bajo la sombrilla de la Iglesia Episcopal de Puerto Rico con el fin de responder a las necesidades físicas, espirituales y sociales de la comunidad. El resultado de esta visión se ha materializado en un conglomerado de instituciones que velan por la salud y el bienestar de los residentes del área sur, al igual que del resto de la Isla de Puerto Rico y otras islas del Caribe.
Tan serios son los hallazgos sobre las prácticas administrativas del gobierno municipal de Ponce que se refieren tanto al Departamento de Justicia como a la Oficinal de Ética Gubernamental. El Legislador Municipal del Partido Independentista Puertorriqueño, Justiniano Díaz, ha hecho señalamientos constantes sobre la continuación de las acciones que lucen ilegales por la gerencia del Municipio de Ponce, este informe de la Contralora confirma que todos sus señalamientos son de prácticas continuas en el Municipio. Para corregir estos malos manejos es necesario un Gobierno Municipal que tenga como única meta el bienestar de todos los ponceños y no el bienestar de unos pocos allegados, manifestó el Coordinador del PIP en Ponce, José Escabí Pérez.
El hallazgo más contundente del Informe M-16-02 de la Oficina del Contralor de Puerto Rico se refiere a contratos otorgados para obras realizadas sin la subasta requerida por ley. Esta práctica, no sólo va contra los preceptos de buena administración pública, sino que es ilegal. Los líderes del PIP en Ponce recalcaron que estas leyes se han promulgado para que se generen las mejores condiciones posibles para la realización de obras, de manera que sean para beneficio de todos los ciudadanos. Los proyectos los realiza el postor con mejores condiciones, no el que tenga el aval del funcionario que otorga el contrato.
Justiniano y Escabí también señalaron que otro hallazgo del Informe se refiere a los déficits presupuestarios que prevalecen en el Municipio de Ponce y la asignación de pocos fondos para subsanar dichos déficits. Durante el periodo que cubre el informe (2008-2012) se han generado un total de más de $75 millones en déficits. Estas prácticas seguramente llevarán al Municipio de Ponce a tener una situación fiscal similar a la del Gobierno de Puerto Rico.
Para lograr corregir la situación fiscal de Ponce hace falta lograr economías sustanciales en los gastos eliminando los contratos a asesores, el cobro de las deudas señaladas por la contralora, en este y otros informes, y la eliminación de donativos a empresas con fines de lucro. Estas acciones, junto a una revitalización económica de la ciudad deben crear las condiciones que logren presupuestos balanceados y devolverles la jornada completa a los empleados municipales, concluyeron los dirigentes independentistas.
El informe contiene señalamientos contra el exadministrador Arturo Picó Valls
La alcaldesa del Municipio Autónomo de Ponce, María “Mayita” Meléndez Altieri, acogió las recomendaciones recogidas en un nuevo informe emitido por la Oficina del Contralor y aseguró la implementación de medidas para el cabal cumplimiento de las mismas.
“Reiterando que el Municipio de Ponce es el más auditado por la Oficina del Contralor, acogemos este nuevo informe que es el segundo que presenta esta oficina en tres meses, y agradecemos que en el mismo se destaquen las medidas de austeridad que hemos realizado. En el informe se señalan acciones individualizadas cuestionables de un exfuncionario que en su momento tendrá que responder por esos hechos. Pero igualmente destaca el informe que las pruebas efectuadas por los auditores del Contralor también reflejaron que las demás operaciones municipales, objeto de este informe, se realizaron sustancialmente de acuerdo con la ley y reglamento”, informó la alcaldesa de Ponce.
Meléndez destacó que aunque hay discrepancias con ciertos puntos en el informe se acogerán las recomendaciones. “Como cuestión de hecho, desde que tuvimos conocimiento del borrador de este informe, trabajamos diligentemente con las medidas correctivas. Debo destacar que los señalamientos atendidos incluyen asuntos bajo el licenciado Arturo Picó Valls quien no trabaja para nuestra administración desde diciembre del 2012 y que serán objeto de examen por distintas agencias“, dijo la Alcaldesa.
Inclusive el propio informe de la Oficina del Contralor reconoce medidas de austeridad implementadas por la administración municipal. En relación al déficit, el mismo se ha atendido responsablemente con las medidas de rigor tales como reducción de salario de la Alcaldesa y de los funcionarios del personal de confianza, la reducción de jornada a empleados en el servicio de carrera en ciertas áreas, y la reducción de contratos, reducción en la adquisición de seguros. Los empleados que prestan servicios esenciales en áreas de seguridad, salud y transportación, tales como Policía Municipal, Oficina de Manejo de Emergencias, Centro de Vacunación y Sitras, nunca han estado en reducción de jornada, ni los programas federales.
Entre las recomendaciones que recoge la Oficina del Contralor se encuentra un referido al Departamento de Justicia y la Oficina de Etica Gubernamental, respecto a actuaciones del Ex Administrador de la Ciudad Picó Valls, por lo que ese asunto será atendido por las agencias concernidas. "Nosotros por nuestra parte estaremos haciendo una investigación administrativa con un recurso externo al municipio para determinar si proceden acciones administrativas por los hechos señalados por el Contralor", indicó la Alcaldesa.
Otros de los hallazgos hacen referencia a incentivos otorgados por la administración municipal bajo las Ordenanzas 27 Serie 2006-2007 y la 45 Serie 2006-2007, adoptadas bajo la incumbencia del ex alcalde Zayas Seijo. Conforme la evaluación de la Oficina del Contralor, hay aspectos de esas ordenanzas que requieren revisión y enmiendas para cumplir con las disposiciones legales aplicables.
Si bien se atenderán los puntos contenidos en el Informe del Contralor, Meléndez también subrayó que durante el periodo auditado el Municipio de Ponce promovió un plan intenso de desarrollo de obras públicas como Ponce Servicios, Parque Ecológico, SITRAS, Mejoras al Complejo La Guancha, Ciudad Deportiva Millito Navarro, así como obras directas a las comunidades y servicios a la ciudadanía.
Una demanda radicada hoy en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicita que el Banco Gubernamental de Fomento y La Fortaleza entreguen la lista de las empresas de fondos de cobertura que tienen deuda del gobierno de Puerto Rico, las condiciones que han expresado estas firmas por escrito al gobierno para la renegociación de términos de pago, así como el documento completo del Informe Krueger, ya que se ha provisto solo su resumen ejecutivo a la prensa. La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) se unió a la demanda.
La información es de alto interés público, ya que las firmas de inversión que buscan cobrar su deuda están tratando de influir en las decisiones financieras y de política pública para asegurar sus ganancias. Esto puede conllevar que servicios esenciales para los ciudadanos del país se afecten por la falta de liquidez del gobierno.
“Hoy mismo están sentados a una mesa de negociación en Nueva York funcionarios del gobierno de Puerto Rico con mas de 300 de los bonistas, y no se ha provisto la información sobre quiénes son estas compañías y, por ejemplo, cuál ha sido su trayectoria en otros escenarios de quiebra como Detroit, Grecia y Argentina”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo.
La información ha sido solicitada en varias ocasiones a La Fortaleza y al Banco Gubernamental de Fomento, sin obtener resultados.
“Como hemos hecho en el pasado con otros compañeros en el ejercicio de sus funciones, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico respalda esta acción legal y hace nuevamente un llamado al gobierno para que sea totalmente transparente en sus acciones, particularmente en un momento en que se reclama solidaridad ciudadana ante la crisis fiscal”, expresó Rafael Lenín López, presidente de la ASPPRO.
Sobre el Centro Periodismo Investigativo
Establecido en 2007, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) es una entidad independiente y sin fines de lucro que fomenta y defiende el derecho de acceso a la información de la ciudadanía mediante la investigación periodística, la educación y la promoción de la transparencia de los poderes públicos y privados.
La imagen mas reciente del satelite muestra una amplia zona de lluvia que se espera continue afectando municipios del oeste,interior y sur de Puerto Rico.
Esta Tarde: Lluvias dispersada. Mayormente nublado, la máxima alrededor de 88. Viento del este noreste de 5 a 9 mph. La probabilidad de precipitación 40%. Nuevas cantidades de lluvia menos de un décimo de una pulgada es posible.
MOSS LANDING, California, EE.UU. (AP) — Una joven ballena jorobada que estuvo parcialmente atrapada en una red de pesca en la costa del norte de California fue liberada luego de cuatro días de esfuerzos.
La ballena fue detectada por primera vez la semana pasada cerca de Moss Landing en el condado de Monterey. Tenía la mandíbula superior deformada y una de sus aletas inmovilizadas por las redes.
Un equipo liberó el lunes al animal, que nadó hacia el Golfo de los Farallones, de acuerdo a información del periódico Monterey County Herald (http://bit.ly/1HOph7f ). La prognosis del cetáceo parece favorable, según las autoridades.
Hasta ahora se ha reportado que unas 40 ballenas han quedado enredadas en equipo de pesca en la región norte del Océano Pacífico.
Anteriormente este año, varias ballenas muertas llegaron a las playas al sur de San Francisco. Los animales eran de distintas especies, y los científicos no lograron establecer un vínculo entre los fallecimientos.
El presidente de la Junta de Planificación, Luis García Pelatti, sostiene que el Programa de Transferencia de Derechos de Desarrollo comenzará “correctamente” en el Corredor Ecológico del Noreste y la Reserva Agrícola del Sur.
por ELIVÁN MARTÍNEZ MERCADO | 6 de julio 2015
Metro PR
Luis García Pelatti, presidente de la Junta de Planificación.
En San Juan resultó un fiasco. La administración del ex alcalde Jorge Santini lo usó para cobrar ilegalmente sobre $11.4 millones a residentes del Municipio, bajo el pretexto de conservación ambiental, y el caso está bajo investigación del Departamento de Justicia y la Oficina del Contralor porque el dinero no aparece. En el barrio de Piñones, en el pueblo de Loíza, un tasador aplicó la misma herramienta de planificación urbana para inflar el valor de terrenos de la familia Katz, proponente del proyecto hotelero Costa Serena. Por causa de esa movida el Gobierno se expone a pagar $32 millones en medio de la crisis económica, como parte del proceso de expropiación que se encuentra en los tribunales.
Ahora la táctica urbanista conocida como Programa de Transferencia de Derechos de Desarrollo (TDD) se extenderá “correctamente” a todo Puerto Rico, para conservar patrimonio natural, histórico, arquitectónico y agrícola en propiedades privadas. Así lo aseguró al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) el presidente de la Junta de Planificación (JP), Luis García Pelatti. Se trata de uno de los componentes del nuevo Plan de Uso de Terrenos que la agencia gubernamental presentará próximamente.
La JP también lo empleará como parte de los planes de conservación del Corredor Ecológico del Noreste, entre Luquillo y Fajardo, y la Reserva Agrícola del Sur, entre Yauco y Patillas, que contiene parte de las mejores tierras cultivables de la Isla.
¿Cómo funciona este programa? ¿Para qué sirve?
Gobiernos municipales y estatales lo instauran para que propietarios de terrenos privados renuncien a hacer construcciones en su propiedad. Esos propietarios reciben dinero por ceder el derecho que tenían de construir allí. Otros dueños les compran esos derechos, para así hacer obras en áreas donde hay una veda en la construcción. Ahora podrían construir en esas zonas de manera excepcional, porque lo autoriza un Programa de TDD.
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Distintas variaciones de este plan se han instaurado por 50 años en Nueva York, ciudad pionera en el uso de TDD. En su historia de planificación urbana resalta el caso de la empresa ferroviaria Penn Central Railroad, que se proponía erigir un rascacielos de más de 50 pisos sobre la famosa Central Station de la ciudad de Nueva York. El gobierno de la ciudad se opuso porque quería conservar la emblemática arquitectura estilo Beaux-Arts de la estación, y le concedió la facultad de vender sus derechos de desarrollo a proyectos de construcción cercanos. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo de EEUU, que determinó que esta acción gubernamental no representaba un taking [cuando el gobierno toma control de una propiedad privada y no hace una compensación justa], pues la empresa ferroviaria podía seguir disfrutando de su propiedad mientras recibía compensación económica por vender sus derechos.
Desbarajuste con los TDD en la capital
En San Juan, la administración de Santini empleó el Programa de TDD entre 2003 y 2013 para cobrar dinero a quienes iban a hacer una construcción en la capital. Pero la gran mayoría, en realidad, no estaba obligada a hacer el pago porque no estaban construyendo por encima del límite permitido, que varía zona por zona.
Desde 2007 ya se habían agotado los derechos de desarrollo equivalentes a 6,411 unidades básicas de vivienda que se podían transferir. Eso quiere decir que a quien le cobraron TDD desde 2007 en adelante, no tenía que pagar ese dinero. Pero la administración de Santini lo convirtió en un pago obligado. El Municipio se adjudicó un poder que no le correspondía: daba valor a los derechos de desarrollo que supuestamente se transferían, obligando a los ciudadanos a pagar cantidades de dinero específicas, cuando esa es una transacción de mercado entre personas privadas.
Los fondos nunca se usaron para el objetivo principal del plan, que alegadamente era proteger 3,000 cuerdas de valor ecológico en los barrios de Cupey, Caimito, Quebrada Arenas y Tortugo, en el sur de la capital.
La serie investigativa del CPI ‘El impuesto secreto del alcalde Santini’ comprobó, por medio de una muestra de 30 terrenos, que estos se convirtieron en casas, condominios, negocios y hasta en una cantera de extracción de tierra. El municipio tampoco cumplió con su responsabilidad de registrar ninguna de las transacciones en el Registro de la Propiedad para garantizar legalmente que no se construyera en los terrenos. Eso significa que, después del dinero cobrado a los sanjuaneros y luego de 10 años de TDD, ninguna tierra fue legalmente protegida.
El Departamento de Justicia alega, por medio de la fiscal Carmen Padilla, que está investigando a dónde fueron a parar los más de $11.4 millones de dólares cobrados a los sanjuaneros por la administración de Santini. A dos años del referido, esa investigación no ha producido resultados. La Oficina del Contralor, que ha destinado un auditor forense para investigar el caso, informó al CPI que ya existe un borrador y que emitirá un informe antes de que termine el año.
El gobierno paga doble en Piñones
El Plan de Uso de Terrenos del Área de Planificación Especial de Piñones, en el municipio de Loíza, otorgó a los terrenos de la familia Katz, proponentes del hotel Costa Serena, la capacidad de vender sus derechos de desarrollo. Pero le otorgó esos derechos para áreas donde es cuestionable que se haga una construcción: gran parte es un manglar inundable.
Una tasación de los terrenos realizada durante la pasada administración por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales como parte del proceso de expropiación, elevó el valor de la propiedad de $4.9 a $32 millones, de los cuales $12.6 millones corresponden a derechos de desarrollo que se podían transferir según el plan del Área de Planificación Especial. En el proceso que ahora está ante la jueza Mabel Ramón Millán del Tribunal de San Juan, el Gobierno está comprando la propiedad y adquiriendo al mismo tiempo los derechos de desarrollo de la familia Katz. Se trata de una contradicción de la planificación urbana: el programa de TDD se crea precisamente para no expropiar. Una acción invalida a la otra.
García Pelatti sostuvo, en una entrevista con el CPI, que las experiencias previas de esta herramienta urbanística en San Juan y Piñones estuvieron fuera de la ley, frente a las narices de una Junta de Planificación que no asumió su responsabilidad fiscalizadora. Aún así, el planificador y economista confía en las “ventajas” de la herramienta, tomando en cuenta experiencias exitosas en EEUU, y asegura que esta vez no se repetirán los errores del pasado.
Manglares de PFZ Properties en Piñones. Foto por Doel Vázquez.
CPI: ¿Qué intenta la Junta de Planificación con los TDD?
LGP: Establecer un sistema completo para Puerto Rico de manera correcta, para conservar terrenos especialmente protegidos y estimular al mismo tiempo la actividad económica. Le estamos diciendo a los municipios que se pongan a trabajar, que instauren el TDD.
¿Cómo lo harán?
De tres maneras. Primero, queremos dar instrucciones para que los municipios lo hagan por iniciativa propia. Segundo, la Junta de Planificación puede obligar a insertar las transferencias de derechos de desarrollo en los planes municipales que se están haciendo en conjunto con nosotros, por medio de acuerdos colaborativos, como el de Arecibo, Isabela, Juana Díaz y Vieques. Tercero, los planes que estamos implantando directamente en el Corredor Ecológico del Noreste y la Reserva Agrícola del Sur.
¿Permitirá el Programa de TDD que aumenten las construcciones en el Corredor Ecológico del Noreste? ¿Quién se va a beneficiar?
Estaría aumentando la densidad de forma limitada pero cumpliendo con los objetivos de la ley que crea el Corredor, que es hacer algún desarrollo ecológico con un tope de 70 habitaciones. Siempre la batalla era la presión de los desarrolladores para meter más densidad. Se logró que en un sólo lugar del Corredor se haga esa construcción. Es una parcela de 52.51 cuerdas en las que ahora solo se pueden construir 5.3 habitaciones. Los terrenos pertenecen a PRIDCO [Puerto Rico Industrial Development Company], que en este momento no tiene planes de comprar derechos de desarrollo pero pudiera hacerlo si quiere construir una eco hospedería de 70 habitaciones, llegando a un acuerdo con una empresa privada para que la administre.
¿Para qué implantar TDD en todos los pueblos? Los municipios y el Estado ya tienen el poder de paralizar obras para conservar áreas naturales, agrícolas y culturales.
Lo que se trata es de compensar a un dueño por exigirle una conservación. La única manera en que lo puedo hacer sin que me acusen de ‘taking’ es permitir al dueño que venda sus derechos de desarrollo, y le obligo a inscribir esa transacción en el Registro de la Propiedad para que nunca se desarrolle su terreno.
Si el área natural o cultural es importante, ¿por qué el estado no expropia en lugar de implantar un TDD?
Porque el programa de TDD es más barato que expropiar. La transferencia de derechos de desarrollo evita el gasto del dinero público, porque no requiere la compra del terreno. Una finca de 1,500 cuerdas, vendida a 7,000 dólares la cuerda, costaría al Estado $10.5 millones. En vez de gastar esa cantidad, lo que está haciendo el Gobierno es dejarle transferir derechos. El dueño tiene una ganancia mientras mantiene su propiedad y algunos usos, y se le prohíbe la construcción.
Pero el Gobierno puede mandar a conservar sin expropiar.
Nosotros podemos sostener que no se construya en un humedal. En zona de mangle tenemos fuerza de ley para controlar el desarrollo. Pero hay terrenos boscosos y agrícolas donde la construcción es posible. El 31% de Puerto Rico, según el Plan de Uso de Terrenos, tiene un valor ecológico, pero de esas propiedades solo el 8% está en manos del Estado o con algún tipo de servidumbre de conservación que garantice su protección. La ventaja del TDD es que permite agrupar grandes extensiones de terreno en un plan que limita lo más posible la construcción.
La sala de expropiaciones del Centro Judicial de San Juan ve un caso sui géneris: el gobierno está expropiando Costa Serena y al mismo tiempo le está comprando los TDD.
Eso no tiene sentido porque el derecho de desarrollo solo existe cuando lo compras para construir en otro lugar. El Gobierno no tiene la intención de comprarle los derechos para construir en ningún sitio. Y para mí no tiene sentido que el gobierno pague por los dos. La función del estado, si quiere expropiar, es expropiar o comprarle los derechos de desarrollo, que debe ser más barato que pagar por la propiedad. No puedes expropiar y comprar los TDD. Estarías pagando el doble.
¿Cómo ve que en un lugar donde no se puede construir, como en un manglar de Piñones que pertenece a PFZ Properties, se hayan concedido derechos de desarrollo?
El objetivo de los TDD no es tanto evaluar que cada parcela específica dentro de una finca se le asigne derechos de desarrollo, sino a toda un área. El hecho de que no puedas construir en el mangle no quiere decir que la gente no lo haga. El Puerto de Ponce está construido en mangle. Se permitió esa construcción en el marco de la ley pero con una mitigación. La ampliación del Aeropuerto Luis Muñoz Marín se hace sobre el mangle de Piñones. A cambio de eso se mitigó en Río Grande. Lo que quiero con los TDD es llevar el terreno al nivel mayor de preservación, que es garantizar que nunca se va a construir.
¿Cómo ve el caso específico de PFZ Properties en Piñones?
Zona de manglares en Piñones, Loíza. Foto por Doel Vázquez.
Para mí no hay ningún problema con que se le asignen derechos de desarrollo a mangle. Asignar derechos de desarrollo a un manglar o un bosque de pterocarpus o bosque maduro de ceibas puede ser parte de los planes de TDD. Lo que quieres es que el dueño preserve su propiedad a perpetuidad.
Nada impide que alguien venda sus derechos de desarrollo y luego construya.
Quien vende sus derechos de desarrollo no podría obtener el permiso de una construcción. El Estado no le validaría el permiso de una construcción ilegal. Estamos trabajando para que los municipios autónomos, que dan permisos, puedan tener acceso al sistema de información donde estarán las servidumbres de conservación y gravámenes, para que no den permiso a ese tipo de construcción.
¿Qué hará para que no vuelva a ocurrir el impuesto secreto de Santini?
Vamos a crear un banco de TDD, que será un fideicomiso, en el que pueden participar algunas entidades públicas, pero es privado. El banco se convierte en intermediario. La Junta de Planificación quiere montarlo antes de que termine este año para viabilizar los TDD en el Corredor Ecológico y de la Reserva Agrícola del Sur. Lo importante, contrario a la manera en que ocurrió en San Juan, es que sea un acuerdo entre personas privadas que establecerán el valor de la transferencia, según se ha establecido por la legislación de Estados Unidos. El estado no puede establecer el valor de una propiedad.
En San Juan, los TDD se convirtieron en un impuesto a todo el que pidiera permiso de construcción. ¿Cómo el banco de TDD que la JP propone evitaría ese problema?
Estamos bien claros de que lo que estaba implantado en San Juan no cumplía con la ley, y de que la Junta de Planificación no se había dado cuenta ni le llamó la atención al Municipio. Un programa bien establecido, que no fue el caso de San Juan, tenía que notificar de las transferencias que se vendía y se recibían, y no lo notificó a la Junta de Planificación, que se supone que tenía un inventario para que no se vendieran derechos de desarrollo más de lo permitido. Para la Junta de Planificación no se han remitido derechos de desarrollo en Puerto Rico porque no se ha recibido notificación de ello y no hay un inventario según lo ordena el reglamento 21.
¿Eso quiere decir que usted como presidente de la Junta de Planificación está invalidando los dos programas de TDD que ha habido hasta ahora en Puerto Rico?
Al día de hoy no hay derechos de desarrollo recibidos ni transferidos. No estoy reconociendo ningún programa de TDD en Puerto Rico porque no tenemos evidencia en ningún inventario.
¿Qué va a garantizar que esta vez el Programa de TDD funcione?
Un mejor control. Mea culpa de la Junta de Planificación por lo que le toca de responsabilidad de los TDD por no haber supervisado bien los procesos.
San Juan, Puerto Rico. 7 de julio de 2015. – Ante la determinación del Tribunal de Circuito de Boston sobre la ley de quiebra criolla el liderato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) reiteró hoy su exigencia de que el gobierno de Puerto Rico deje de seguir dándole vueltas a la noria y enfrente de una vez y por todas el tema del estatus.
"La casa se nos está cayendo encima y el gobierno de Puerto Rico sigue insistiendo que lo que hay que hacer es cambiar de lugar los muebles de la sala. Luego de la decisión de Boston, ¿qué más espera el gobierno de Puerto Rico para darse cuenta de que no se le puede seguir dando vueltas a la noria y que hay que enfrentar el problema del estatus para comenzar a resolver los graves problemas que tiene Puerto Rico?", cuestionó el presidente del PIP, Rubén Berríos Martínez.
"Al ratificar la decisión del Tribunal Federal en San Juan que declaraba inconstitucional la ley de quiebra criolla la mayoría del Tribunal de Circuito en Boston afirma que el fundamento principal para sostener dicha decisión es precisamente que los poderes del Congreso de Estado Unidos sobre Puerto Rico son poderes plenarios", añadió por su parte, el presidente ejecutivo de la colectividad, Fernando Martín.
Para Martín, con esta determinación, queda el colonialismo una vez más al descubierto. "Y queda igualmente retratada la impotencia del estatus colonial para poder enfrentar el colapso económico de Puerto Rico".
PONCE-En horas de la tarde del 6 de julio de 2015, fue reportado un robo hechos ocurridos en inmediaciones del Banco Popular ubicado en el Centro Comercial Ponce Town Center.
La victima informó que mientras se disponía a entrar al lugar antes mencionado, se le acercó un individuo portando un arma de fuego tomó a la querellante por un brazo y mediante amenaza e intimidación la despojó de su cartera. El asaltante se marchó del lugar en una motora color violeta estilo Vento que era conducida por otro individuo.
Al lugar se personó la agente Elisandra Cruz adscrita al Precinto El Tuque quien realizó la investigación y refirió a la División de Robos Área Ponce.
PONCE- La casa de Pachin llena a capacidad fue el escenario para que los Leones obtuvieran su tercera victoria y colocarse solo a una de pasar a la final del BSN 2015. Un partido lleno de mucha emoción y algarabia de principio a fin. Durante los 3 primeros parciales Ponce mantuvo la delantera. Hasta que en el cuarto parcial los Cangrejeros afilaron sus palancas y lograron acercarse al marcador incluso hasta tomar la delantera.
Pero los selvaticos afilaron como siempre sus garras y lucharon con furia para defender su cancha con uñas y dientes. Hasta un canasto controversial de Mike Rosario a mitad de cancha puso a gozar la fanaticada pero no contó y se quedo el marcador igual a 68-68 y pasar a tiempo extra.
Los Leones hicieron lo necesario para salir por la puerta ancha y conseguir adelantarse 3-1 en la serie semi final ante un Auditorio Pachin Vicens lleno a capacidad. Asi vencieron a los cangrejeros de Santurce 83-76.El proximo juego de los Leones será mañana martes en el Coliseo Roberto Clemente casa de los Cangrejeros de Santurce.
En horas de la tarde del 2 de julio de 2015, en el Tribunal de Ponce se le radicaron cargos a Jonathan X. Rivera Mercado de 22 años residente del Bo. Tibes de Ponce por el artículo 130 (A) Agresión Sexual.
Esto por hechos ocurridos el día 18 de febrero de los corrientes en el sector Pastillo del barrio Tibes de Ponce, donde se realizó una querella contra Jonathan Rivera por Agresión Sexual hacia una menor de 15 años.
Este caso fue investigado por la agente Arleen Rosario bajo la supervisión de la Sgto. Lilliam Ortiz consultado con el Fiscal Pedro Medina quien instruyó radicar por el artículo 130 inciso (A) (Victima al momento de hecho no ha cumplido los 16 años), llevado ante la juez Honorable Adria Cruz Cruz quien luego de escuchar las pruebas encontró causa imponiendo una fianza de $ 1 mil la cual no fue prestada siendo ingresado en el Complejo Correccional de Ponce.
La Unidad de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores Área de Ponce en horas de la tarde del 2 de julio de 2015, radicaron cargos en el Tribunal de Ponce a Edwin Montalvo Irizarry de 54 años vecino del residencial La Ceiba en Ponce por los delitos de Actos Lascivos, Maltrato de Menores y Amenaza.
Esto por hechos ocurridos entre los años del 2014 al 2015, en el residencial La Ceiba de Ponce, donde Edwin Montalvo cometió los delitos antes mencionados contra una menor de 13 años residente del lugar y quien es pariente del agresor.
Este caso fue investigado por el agente Pedro Rodríguez bajo la supervisión de la Sgto. Lilliam Ortiz, consultado con el Fiscal Pedro Medina quien instruyó radicar por los artículos 133 (2 cargos) de Actos Lascivos, 58 de Maltrato de Menores Ley 246 (2 cargos) y (1 cargo) por el artículo 177 de Amenaza.
Este caso fue llevado ante el juez Honorable Ángel Candelario Cáliz quien luego de escuchar las pruebas encontró causa imponiendo una fianza de $ 200 mil la cual no fue prestada siendo ingresado en el Complejo Correccional de Ponce.
Hoy: Lluvias dispersada, principalmente antes de mediodía. Mayormente soleado, la máxima alrededor de 91. Índice de Calor de hasta 98. Viento del este sureste entre 15 y 22 mph, con ráfagas de hasta 31 mph. La probabilidad de precipitación 40%. Nuevas cantidades de lluvia menos de un décimo de una pulgada es posible.
Esta Noche: Lluvias aislada. Mayormente despejado, la mínima alrededor de 77. Viento del este noreste de 11 a 17 mph. La probabilidad de precipitación 10%
Ponce- El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño en la Legislatura Municipal de Ponce, Justiniano Díaz Maldonado, radicó ayer ante ese cuerpo un proyecto de ordenanza para que se enmiende la fecha de efectividad de la Ordenanza Número 75 Serie 2013-2014 que dispone medidas sobre los puestos vacantes en el Servicio de Carrera Regula o Probatorio, Transitorio o regular, o de Confianza hasta que la reducción de jornada laboral sea derogada.
“En la tarde de ayer radiqué un proyecto, que aunque en un principio no apoyé el original del pasado año, por ser de continuidad al proyecto de reducción de jornada, en este momento de la historia es sumamente necesario que si, por un lado la Administración Municipal no derogó la reducción, resultaría inconsistente que la congelación de vacantes no continuara en vigor hasta que se restituya la jornada completa a los trabajadores.”, dijo el legislador municipal pipiolo.
“Me resulta ilógico que a pesar de haber reportado economías millonarias como resultado de quitarle injustamente el salario de los bolsillos a algunos empleados municipales sin haber realizado un estudio, no se haya derogado la Ordenanza que implementó la misma, pero que se deje sin efecto la que prohibía el reclutamiento de personal nuevo o la renovación de contratos y cuya violación crasa e irresponsable quedó comprobada durante las vistas de presupuesto 2015-2016.”, agregó el también líder sindical.
“Esta noche, en Sesión Extraordinaria estaremos analizando entre otras cosas la reducción de salario a los empleados de la Legislatura Municipal y de la dieta de los Legisladores Municipales, pero de esta se olvidaron. No dar paso a esta medida confirmaría una vez más la conducta mezquina y antiobrera de esta Administración Municipal en contra de sus propios trabajadores.”, terminó diciendo Díaz Maldonado.
